El encuentro regional “Organismos de control y Gobierno Abierto” realizado en junio de 2015 en Buenos Aires representa el primer evento que reúne a órganos de control de Argentina para dialogar y explorar oportunidades de articulación en el marco de la agenda de gobierno abierto.

El encuentro fue convocado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación, con el apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -organización de la Iniciativa TPA- y de la Open Government Partnership (OGP), y con auspicio de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS así como de organizaciones locales y regionales involucradas en la agenda de Gobierno Abierto.

La inauguración del evento estuvo a cargo del Presidente de la Auditoría General (sede del encuentro), Leandro Despouy, quien destacó la importancia de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas a la ciudadanía como componentes del “gobierno abierto”. Lo acompañaron Francisco Mugnolo (Procuración Penitenciaria) y Carlos Haquim (Defensoría del Pueblo), quienes también respaldaron la iniciativa como modo de contribuir a construir una Argentina más democrática.

El primer panel fue presentado por el Auditor General Horacio Pernasetti (CTPBG – OLACEFS), quien enfatizó que “sin rendición de cuentas no hay gobierno abierto”. Lo acompañó Alonso Cerdán (Alianza para el Gobierno Abierto – OGP), quien destacó que América Latina es una de las regiones que más compromisos asumen en materia de gobierno abierto, si bien la integración de los organismos de control en los planes de acción de cada país representa un enfoque innovador y poco frecuente en el escenario actual. En este sentido, puntualizó que el mecanismo de incorporación a la OGP es flexible, y que “entrar en la Alianza es una oportunidad para ingresar en una plataforma mundial y dar a conocer las buenas prácticas al mundo”.

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A su turno, Álvaro Ramírez Alujas (CEPAL) enmarcó el concepto de gobierno abierto en una nueva agenda de modernización de la gestión pública, y amplió la idea haciendo referencia a un “Estado abierto”. Al respecto, evocó la importancia de contar con una Ley de Acceso a la Información Pública y convocar a la sociedad civil para promover la colaboración, la transparencia y la rendición de cuentas, enfatizando que las buenas prácticas no refieren meramente a lo tecnológico sino que a través de gobierno abierto se instala y jerarquiza una agenda de derechos. “Gobierno electrónico no es gobierno abierto, sino que es una herramienta”, puntualizó, y resaltó la necesidad de integrar a los organismos de control, al parlamento, al sector académico y al privado en la agenda de OGP.

Seguidamente, Renzo Lavin (ACIJ) remarcó que el concepto de gobierno abierto trasciende a la Alianza multilateral, y representa una oportunidad para pensar cómo los organismos de control se vinculan con la ciudadanía a partir de la información integral de la que disponen sobre el manejo de la cosa pública. “Los organismos de control son usinas de información” y por ello planteó la necesidad de responder preguntas clave, como por ejemplo: a quién debe llegar esa información, cómo y cuándo; y así aprovechar para cambiar culturas institucionales y responder a las demandas ciudadanas.

El segundo panel, presentado por Eduardo Grinberg (Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires) refirió a experiencias internacionales enlazadas con los estándares de gobierno abierto que implementan algunos organismos de control de la región. En ese marco, Fernando Uval (DATA Uruguay) comentó sobre el uso de nuevas tecnologías para promover el acceso a la información y la participación ciudadana. Ilustró su punto haciendo referencia a la iniciativa “Por mi barrio”, una plataforma que permite a los vecinos de Montevideo reportar daños, desperfectos, vandalismo y otros problemas urbanos desde la computadora o celular, que se integran en un Sistema Único de Reclamos (SUR). Se trata de un proyecto articulado entre la organización de la sociedad civil DATA Uruguay, la Intendencia de Montevideo y la Defensoría del Vecino, encargada de atender consultas, reclamos y propuestas relacionadas a servicios que cumplen la Intendencia y los municipios directa o indirectamente.

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A continuación, Carolina Zelada (Contraloría General de Chile) compartió la iniciativa GEO-CGR, que desarrolló la institución fiscalizadora para capturar la información sobre los estados de avance de las inversiones en obras públicas, localizarlas en un mapa y permitir el monitoreo ciudadano. Desde Costa Rica, Enrique González Roldán (Contraloría General de Costa Rica) compartió el sistema Conozco en qué se gasta su dinero, una plataforma virtual que permite involucrar a la ciudadanía en el control de la información presupuestaria sobre la gestión pública. A su turno, Fernando Castañeda (Defensoría del Pueblo de Perú) presentó la visión de la Defensoría peruana sobre la prevención de la corrupción y los modos en que se ha trabajado articuladamente con la ciudadanía.

Por la tarde, se realizaron tres talleres paralelos con el objetivo identificar puntos de entrada de los organismos de control en la agenda de gobierno abierto, y las líneas de trabajo posibles. Las sesiones fueron moderadas en forma colaborativa entre representantes de las instituciones y de organizaciones de la sociedad civil, siguiendo una serie de pautas (ver AQUÍ). Para el caso de Entidades de Fiscalización, coordinaron el taller Jorge Lerche (AGN) y Carolina Cornejo (ACIJ); en Mecanismos de Prevención de la Tortura, Alberto Volpi (PPN) y Soledad García Muñoz (Instituto Interamericano de Derechos Humanos); y en Defensorías del Pueblo, Alejandro Nato (DPN) y Agustina De Luca (Fundación Directorio Legislativo). Las conclusiones de cada taller, que fueron presentadas en el pleno al final de la jornada, pueden consultarse AQUÍ y AQUÍ.

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El segundo día del evento tuvo un enfoque más práctico bajo la propuesta: “Reutilizando datos abiertos”. A lo largo de la mañana representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas de datos abiertos presentaron herramientas, estrategias e iniciativas basadas en datos abiertos, como modo preliminar de adentrarse en los talleres de la tarde.

En el primer panel, Laura Zommer (Chequeado) expuso el trabajo de Chequeado en la verificación del discurso de políticos, funcionarios y referentes de la opinión pública, mediante la publicación de las fuentes de modo que sean accesibles a la ciudadanía, y destacó que el periodismo que desarrollan se propone “mejorar la conversación pública y que más gente se interese en la apertura de datos”.

A su turno, Yamila García (Open Knowledge Argentina) resaltó la importancia de “poder educar en qué es gobierno abierto, bajar la información en aplicaciones que lleguen a la ciudadanía”, y señaló que los organismos de control pueden articularse y desarrollar proyectos en esta línea de modo coordinado.

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Seguidamente, Juan Ignacio Belbis (Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos) enfatizó que mediante la apertura de datos se exploran modos de convertir la información en manos del Estado en materia prima para otros usos: “la idea es crear puentes entre funcionarios de organismos de control y activistas, organizaciones de la sociedad civil”, destacó.

Sobre el final de la sesión, Maximiliano Sheehan (Procuración Penitenciaria de la Nación) presentó una aplicación que visibiliza la población carcelaria, fallecimientos y malos tratos, que se construyó mediante datos que recopila y publica la PPN en formato de datos abiertos, y reflexionó: “hay que sincerarnos como organismos de control, tenemos que llegar a la ciudadanía”.

En la segunda sesión de la mañana, bajo la consigna de mejorar el impacto del control mediante TICs, Marthé Rubio y Sol Amaya (La Nación Data) relataron cómo reunieron y organizaron la información sobre muertes en cárceles, y la visualizaron en aplicaciones interactivas accesibles al ciudadano medio (ver AQUÍ). Destacaron que con ello se buscó analizar la evolución de fallecimientos en prisiones federales y bonaerenses en términos de violaciones de derechos, así como contar historias de las víctimas.

A continuación, Andrés Snitcofsky (Cargografías) presentó una aplicación que permite visualizar la trayectoria de políticos (ver AQUÍ), y explicó que para ello construyeron una base de datos con todos los cargos que ocuparon políticos argentinos, destacando que no hay organismos que recopilen esa información. Enfatizó que “los datos tienen mucho potencial, no sólo para publicarlos… armar una base de datos puede servirnos para ver qué información falta”.

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Luego, Fernando Uval (DATA Uruguay) mostró herramientas y aplicaciones que se basan en el uso de bases de datos y permiten crear gráficos y visualizaciones, al tiempo que recomendó el uso de software libre para trabajar con datos. Sobre el final de la mañana Jorge Lerche (AGN) cerró la sesión.

Por la tarde, y con la ayuda de programadores, se trabajó en grupos con bases de datos (disponibles AQUÍ) para desarrollar pequeños proyectos a partir de necesidades identificadas en el uso y comunicación que hacen los organismos de control de la información que generan. Algunas de las iniciativas pueden consultarse AQUÍ.

Para cerrar el evento, y luego de la puesta en común de los proyectos trabajados en los talleres, Leandro Despouy (AGN) destacó la importancia del trabajo en conjunto entre los organismos de control y la sociedad civil, y llamó a fortalecer estos espacios de coordinación y fomentar la transparencia del Estado.

*Fotos AGN.

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