Ámbito en el que se gestó la Declaración de Santiago, la Contraloría General de Chile -Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS- comparte sus perspectivas sobre la misión de las entidades fiscalizadoras en la promoción de la gobernanza y lucha contra la corrupción, así como en la profundización de una senda de vinculación con la sociedad civil.

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A partir de los últimos años existe una percepción, cada vez más extendida sobre el creciente protagonismo de los ciudadanos. Este cambio en el comportamiento social nos plantea la interrogante sobre qué existe como trasfondo de ese activismo. Más de una señal sugiere que detrás de esta movilización lo que hay, en verdad, es un modo de reconfigurar la confianza como factor de cohesión en la esfera pública, las instituciones y los actores que se articulan en torno a ella.

Sea en la calle, en el llamado activismo judicial o en la presencia cada vez mayor en el debate, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, el hecho es que las personas en tanto ciudadanos exigen saber más acerca de la actuación de los órganos públicos, del fundamento de sus decisiones y presionan por incidir en ellas. Lo que hasta no hace mucho era fiabilidad en las instituciones de la democracia representativa y su capacidad de moldear el devenir social en nombre de los ciudadanos, hoy no existe más: las personas quieren estar ahí, encima de los hechos y participar de los procesos que los afectan.

La literatura especializada y los estudios de opinión pública ratifican y refuerzan esta percepción.

De esa enorme transformación se ha hecho cargo la Declaración de Santiago, que las Entidades de Fiscalización Superior, EFS, de América Latina y el Caribe, suscribieron con la clara voluntad de abordar la creciente demanda ciudadana, aprovechando la confianza depositada en ellas. Ciertamente, las EFS han asumido los cambios desde su óptica específica referida al ejercicio del control fiscal, pero lo han hecho con la mirada ancha de quienes están en la privilegiada posición de examinar a los organismos públicos desde una perspectiva panorámica, autónoma y neutral.

La Declaración de Santiago afirma un principio fundamental: los ciudadanos confían en nuestras instituciones de control en mayor medida que en los órganos del gobierno central, regional o local y, por lo mismo, esperan de las EFS la entrega de elementos que sean funcionales a sus nuevas exigencias, especialmente acerca del comportamiento de esos órganos en el uso idóneo y probo de los recursos públicos. Todo lo anterior genera una expectativa acerca del rol de las EFS que trasciende el mero cumplimiento de su función clásica de control, ya que se espera de ellas que actúen como una instancia que aporte al desarrollo de una buena gobernanza.

A partir de esa piedra angular, las EFS de la región definen en la Declaración una carta de navegación para los próximos años que, en lo esencial, apunta a elevar los estándares de su desempeño y a fortalecer su mandato y capacidades para estar a la altura de la confianza depositada por las personas en ellas.

En primer lugar y en la línea de robustecer el mandato a favor de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, las Entidades Fiscalizadoras Superiores hacen suyas las convenciones internacionales contra la corrupción y asumen el compromiso explícito de implementar las medidas contenidas en ellas, para expandir y profundizar su vigencia en todo el continente.

En seguida, los organismos de control hacen suyo un conjunto de aspectos de la agenda de la sociedad civil, en particular en cuanto al desarrollo de las más diversas formas de relación, buenas prácticas de articulación y trabajo colaborativo con los ciudadanos, buscando facilitar sus denuncias y proporcionar información útil, accesible y basada en datos abiertos, incorporando, de paso, elementos de la agenda de Gobierno Abierto. Asimismo, se enfatiza la decisión de avanzar en la incorporación de los ciudadanos en el ciclo de las auditorías que practican las EFS, desde su planificación hasta el seguimiento de sus recomendaciones.

Luego, y en un aspecto menos conocido de los organismos de control, la Declaración de Santiago pone de relieve la función asesora o colaboradora de las EFS que, paralelamente al ejercicio de la función de control, busca asociarse con los gobiernos para, entre otras tareas, diseminar una cultura de la probidad y la rendición de cuentas al interior de todos y cada una de las dependencias del Estado, incluyendo ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales y municipalidades.

Finalmente, como una estrategia para situar a las EFS al nivel de los compromisos asumidos, se procurará desarrollar en ellas las capacidades institucionales necesarias para cumplir este rol nuevo y más exigente, especialmente en materia de talento humano, herramientas de auditoría y modernización de su gestión. Se trata, además, que las EFS orienten sus esfuerzos hacia resultados, optimizando los procesos de manera que puedan poner a disposición de los ciudadanos productos de calidad, oportunamente.

En definitiva, a través de la Declaración de Santiago los organismos de control latinoamericanos hemos pasado desde el diagnóstico del cambio epocal que vivimos, en particular en lo referido al rol de los ciudadanos, a implementar iniciativas concretas y plausibles para construir esta nueva alianza entre sector público y sociedad civil, en lo que como organismos de control nos corresponda, como base de una confianza pública sustentada en la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.