* Por Alfredo Cruz Polanco.-

Conforme a las normas vigentes, en nuestro país existen cuatro órganos de control: el Control Externo, que es ejercido por la Cámara de Cuentas de la República; el Control Interno, por la Contraloría General de la República; el Control Legislativo o Político, por el Congreso Nacional y el Control Social, que es ejercido por la sociedad civil.

A pesar de que el fundador de la República, el patricio Juan Pablo Duarte y Diez se convirtió en el primer dominicano en presentar una rendición de cuentas a la nación, sin que existiera una ley o alguien que se lo exigiera, en nuestro país todavía no se tiene arraigada una cultura de rendición de cuentas por parte de quienes manejan fondos públicos, a pesar de que existen leyes y organismos de control que la exigen.

Todo el que administra recursos públicos, debe tener siempre presente que hay que rendir cuentas de ellos al país, informando lo que se recibió, cuándo, cómo y en qué se gastaron o invirtieron; cómo se administraron dichos recursos y si se hizo atendiendo a las demandas de las obras y servicios que la ciudadanía requiere, no a caprichos personales.   

Pero no basta con solamente informar, se requiere, además, que toda las transacciones efectuadas, se hayan realizado de forma correcta y transparente, esto es, cumpliendo con todas las leyes, normas, decretos, reglamentos, resoluciones y procedimientos exigidos para cada caso; que estén soportadas por documentos fehacientes y confiables, para que al momento que sean fiscalizadas, se evidencie tal situación. En esto consiste el principio de transparencia, es decir, que se puedan observar todos los procesos que se llevaron a cabo en una transacción.

En un país con una cultura de transparencia y rendición de cuentas, la fiscalización de los recursos públicos por medio de las auditorías, debe ser visto como algo normal y hasta saludable para una administración; no debe a nadie generarle preocupación, pues al inicio de una gestión se debe saber lo que se recibió, por igual, al concluir la misma, se debe saber también lo que se dejó, y esto solo lo determina la realización de una auditoría gubernamental.

Desgraciadamente, por la carencia de esta cultura, cuando una institución va a ser fiscalizada, de inmediato surgen los rumores de que hubo actos de corrupción administrativa, pues existe la percepción de que sólo éstas deben auditarse, sin embargo, esto debe verse como un ejercicio normal del órgano de control de que se trate.

El flagelo de la corrupción administrativa es un mal universal, globalizado, que nos afecta a todos, que debe ser combatido y enfrentado no solo por los organismos de control, sino, por toda la sociedad, con los medios que cada quien tenga a su alcance.

Los Gobiernos de los países en vía de desarrollo, como es el caso de la República Dominicana, son los más llamados a contribuir con la transparencia y el fortalecimiento institucional, otorgándoles los recursos necesarios a los organismos responsables de fiscalizar los mismos. En nuestro país, los recursos que reciben los órganos de control (interno y externo) son insuficientes para que los mismos cumplan con su cometido, esto es, para que puedan realizar sus labores de manera eficiente, eficaz, oportuna y con mayor calidad.

¿Por qué decimos esto? Porque en la medida en que se logra fortalecer a estos organismos, se defenderán cada vez más los bienes del Estado y por consiguiente, se contribuirá con una mejor gobernanza, ya que cada peso que se distrae al presupuesto de las instituciones públicas, se traduce en menos salud, educación, energía eléctrica, carreteras, agua potable, seguridad ciudadana, viviendas, alimentación, empleos, transporte, deportes, etc. Esto contribuye a mantener al país en el atraso y en el subdesarrollo, pues la corrupción, a lo único que contribuye es a mantener y acentuar el círculo vicioso de la pobreza.

La sociedad civil, responsable del Control Social, debe empoderarse cada vez más y exigirles una mayor transparencia a nuestros funcionarios públicos a través de la rendición de cuentas, pues los recursos que administran, provienen de los impuestos directos e indirectos que pagan los ciudadanos.

En la medida en que dichos recursos se administren correctamente y se inviertan en las obras prioritarias que requiere la ciudadanía, en esa misma medida los ciudadanos se sentirán más confiados y estimulados a pagar sus impuestos, lo que generaría una mayor recaudación en las arcas del Estado.

La labor de fiscalización sirve de base para el enjuiciamiento a los funcionarios públicos que violan las leyes e incumplen con sus obligaciones, por lo que pueden ser objeto de sanciones y aplicación de responsabilidades administrativas, civiles y penales.

El mejor aporte de la Cámara de Cuentas de la República a la fiscalización y transparencia, lo constituye la Resolución N°41-2014, que fruto de su labor y de sus informes, emitió la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mediante la cual se obliga a todas las entidades estatales a cumplir con todas las responsabilidades como contribuyentes, es decir, al pago de todos los impuestos retenidos y no pagados, cuya suma asciende a miles de millones de pesos, so penas de ser sometidas a la justicia.

En conclusión, a través de la fiscalización de los recursos públicos se contribuye con la transparencia y el fortalecimiento institucional del país, pues podemos determinar las debilidades y los manejos incorrectos de los administradores de dichos fondos, las violaciones a las leyes, así como los impuestos retenidos y no pagados al organismo facultado para el cobro de todos los impuestos de recaudación interna. 

*Alfredo Cruz Polanco es Contador Público Autorizado -CPA-, Miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República: alfredocruzpolanco@gmail.com