Los objetivos de garantizar acceso a la información pública y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía son componentes cada vez más comunes de las agendas de los distintos gobiernos, particularmente en el marco de reclamos cada vez más activos de una gestión participativa y transparente de los recursos públicos.
Este contexto dio lugar a la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), una coalición internacional conformada por casi 60 países que se dedican a la promoción de prácticas que generen gobiernos transparentes, accesibles y responsables, que en estos momentos se encuentran reunidos en Londres.
Las Entidades de Fiscalización Superior (en adelante EFS) representan actores naturalmente preparados para impulsar esta agenda: se caracterizan por ser entidades autónomas que controlan a la administración de manera externa (en general dependen del Poder Legislativo), proveyendo el vehículo perfecto para monitorear la ejecución del presupuesto de la administración, uno de los puntos que más significativamente impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Si bien los gobiernos suelen emplear múltiples mecanismos de frenos y contrapesos, las EFS suelen ser la única fuente de información independiente y oficial cuando se trata de determinar si un presupuesto está siendo ejecutado conforme a la ley y si los gobiernos están brindando sus servicios de forma eficiente.[1] Entre sus funciones también suele estar incluido el control sobre el cumplimiento de disposiciones legales por parte de organismos públicos. A su vez, en los últimos años se ha evidenciado una tendencia hacia un control integral de la gestión de la Administración Pública a través del monitoreo sobre la ejecución de políticas y programas que actualizan los derechos de los ciudadanos con el fin último de garantizar las condiciones de una buena calidad de vida. Es a partir del cumplimiento periódico de estas tareas que las EFS adquieren un conocimiento detallado de la información que se encuentra en manos del gobierno, sus características (fortalezas y debilidades), y cómo aprovecharla.
A pesar de su importancia, las EFS en muchos casos aún tienen importantes desafíos por delante, entre ellos: falta de conocimiento público sobre su papel y función, utilización de lenguaje técnico difícilmente comprensible para el ciudadano común, carencia de recursos financieros y técnicos para la efectiva realización de sus tareas, desconfianza pública respecto de su efectiva autonomía y/o capacidad de incidir en las políticas gubernamentales, entre otras[2].
Por lo tanto, la participación de las EFS en el OGP sería beneficioso para todos los actores: podría contribuir a darle mayor legitimidad y sustentabilidad a la agenda de OGP, brindaría a las ONGs participantes información más detallada sobre la calidad y cantidad de información en manos del Gobierno, permitiría que el Gobierno sume un actor técnico e imparcial a los debates y le permitiría brindar garantías más robustas de cara a la población de que está cumpliendo con los estándares que predica. Por último, ayudaría a las EFS resolver algunos de los desafíos que enfrenta, al insertarla en los debates sobre cómo abrir canales entre la ciudadanía y los organismos públicos, y llevarla a repensar su misión y estrategias.
La vinculación entre EFS y OGP se podría llevar a cabo siguiendo tres modalidades:
1. La propia EFS puede presentar sus propios compromisos con la agenda OGP y planificar e implementar reformas internas tendientes a fortalecer sus capacidades de control mediante una mayor participación ciudadana, e impulsando medidas de transparencia.
2. El Poder Ejecutivo puede implementar unilateralmente políticas que empoderen a la EFS, o faciliten de manera directa su capacidad de control sobre la administración pública.
3. El Poder Ejecutivo puede facilitar indirectamente la labor de la EFS al implementar reformas a sus propios procesos de auditoría y gobernanza, facilitando mecanismos de acceso a información pública, y abriendo canales para la participación ciudadana en el control de la gestión.
Ver presentación con casos concretos en los cuales se ha aprovechado OGP para fortalecer a las EFS:
Próximamente publicaremos un documento profundizando sobre estos puntos con el objetivo de abrir un debate en torno al potencial y las sinergias entre la agenda del OGP y la misión de las EFS, y, si el diagnóstico es acertado, profundizar el proceso de acercamiento entre las EFS y los actores vinculados al OGP.
*Autores: Juan Ortiz Freuler y Michael McDonald
[1] Ver Albert van Zyl et al, Responding to Challenges of Supreme Audit Institutions: Can Legislatures and Civil Society Help?, pgs. 7-8 (Anti-Corruption Resource Center 2009), disponible en http://bit.ly/12PrlnW.
[2] Ver Santiso, The Political Economy of Government Auditing: Financial Governance and the Rule of Law in Latin America and Beyond, 2009, pgs. 6-8; (Disponible en http://bit.ly/11YNQ9l ) Ver también van Zyl et al, pgs. 11-13.